APRUEBAN EN CJ QUE DEFENSORÍA PÚBLICA PROPORCIONE INTÉRPRETES A PERSONAS DE COMUNIDADES INDÍGENAS

  • La inicialista es la diputada Alfa Peñaloza
  • Avalan también que contratos de arrendamiento de fincas destinadas a comercio puedan celebrarse hasta por 20 años

Tijuana, B. C., martes 6 de noviembre del 2018.- En reunión de trabajo la Comisión de Justicia (CJ), que preside la diputada Victoria Bentley Duarte, aprobó por unanimidad tres proyectos de dictamen; el primero de ellos contenía una iniciativa de la diputada Alfa Peñaloza Valdez para reformar los artículos 2 y 20 de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública de Baja California.

Lo anterior, con la finalidad de establecer que la Defensoría Pública deberá proporcionar traductores o intérpretes a las personas que pertenezcan a una comunidad indígena o a quienes requieran el uso de lenguaje de señas, a fin de promover el acceso a la justicia en igualdad de condiciones.

Por otro lado, se avaló el proyecto de dictamen que incluye un punto de acuerdo propuesto por los diputados Claudia Agatón Muñiz y Job Montoya Gaxiola, mediante el cual se exhorta al Instituto de la Mujer y a las dependencias que integran el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar Violencia contra Mujeres, a continuar con los trabajos que realizan para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018.

Asimismo, para que se instrumente una campaña de difusión e información sobre los logros obtenidos y las formas en que se puede contribuir a que no haya más violencia en contra de las mujeres en Baja California. El exhorto también es para solicitar al Poder Ejecutivo del Estado remita informe acerca de la situación que guarda la puesta en marcha del Centro de Justicia para Mujeres.

La CJ también dio el sí a una iniciativa del diputado inicialista Bernardo Padilla Muñoz, quien plantea reformar el segundo párrafo del artículo 2272 del Código Civil del Estado, con el propósito de ampliar el término máximo por el cual pueden celebrarse los contratos de arrendamiento, tratándose de fincas destinadas al comercio, aumentándose de 15 a 20 años, al igual que actualmente se establece para fincas destinadas al ejercicio de una industria; es decir, se iguala el término de 20 años para esas fincas.

Durante los la reunión de trabajo de la Comisión de Justicia, efectuada en la sala de juntas de la Auditoría Superior del Estado, en Tijuana, estuvieron los legisladores integrantes Victoria Bentley Duarte, presidenta; Bernardo Padilla Muñoz, secretario, y los vocales Víctor Manuel Morán Hernández, Alfa Peñaloza Valdez, Andrés de la Rosa Anaya y Luis Moreno Hernández.

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